Si miramos objetivamente la historia, no han pasado muchos años desde que a la diversidad sexo-genérica se le dejó de considerar como un mal a erradicar, un impedimento del juicio o una muestra de la inestabilidad del individuo. Es decir, no ha pasado tanto desde que se le dejó de clasificar entre las enfermedades y trastornos por parte de organismos internacionales y por las instituciones nacionales. Por esto mismo, se ha llevado a cabo un proceso consciente y continuo para acabar con las violencias dirigidas a este sector de la población.
Fue hasta los años setenta que se acuñó el término homofobia para referirse a este tipo de actos violentos y agresiones hacia la diversidad sexo-genérica que, con el pasar del tiempo, se diversificaron para incluir los distintos tipos de discriminaciones en contra de identidades disidentes. En 2006, en Indonesia se redactaron los veintinueve principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho internacional de los derechos humanos específicamente sobre las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Es así como, por medio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y la ratificación de la Comisión Internacional de Juristas se empezaron a definir los estándares básicos para que los Estados miembros de las Naciones Unidas fueran capaces de garantizar los derechos y su protección ante la violación de los derechos humanos de las identidades diversas.
Es innegable que muchas de las conductas en contra de estas identidades se conforman como un legado europeo a sus antiguas colonias, resultado de la importación de prácticas religiosas y políticas. La mayoría de los países que actualmente condenan la homosexualidad y la existencia de identidades disidentes o aquellos países que tardaron décadas para poder despenalizarlas son antiguas colonias del continente europeo. Se trata de un camino que comienza en África, se extiende por la India, el Pacífico, pasa por el Caribe y acaba en su propio territorio. En muchos de estos países que antes eran colonias europeas, según las tradiciones y costumbres de los grupos étnicos originarios, hay un espectro diverso de identidades y orientaciones sexuales que ni siquiera se comprenden dentro del binarismo occidental.
De igual forma esta perspectiva negativa con respecto a la diversidad sexo-genérica continúa y en la actualidad plantea una situación de riesgo debido al resurgimiento de conductas violentas en contra de estas diversidades dentro del propio continente europeo.
Desde un punto de comparación con otros países fuera del continente europeo, podríamos decir que la población perteneciente a la diversidad sexo-genérica de la comunidad europea cuenta con mayores niveles de seguridad y respeto a sus derechos humanos, los cuales se encuentran ya representados legalmente. Sin embargo, este sector de la población todavía se enfrenta a las amenazas que surgen desde un discurso de odio, el cual resulta en violencias y discriminación.
Hablando de la Europa fuera de la Unión Europea, en Serbia diferentes organizaciones ultranacionalistas han amenazado los desfiles y eventos de activismo. Hungría y Rusia han prohibido la organización de eventos y desfiles, y, en la República de Chechenia, hay una situación con respecto a la desaparición y supuesta tortura de personas pertenecientes a la diversidad sexo-genérica que sigue siendo una de las grandes preocupaciones de las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos. De esta misma forma, existe una relación entre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el aumento de los crímenes de odio en contra de las personas pertenecientes a la diversidad sexo-genérica, específicamente en Inglaterra y Gales.
Al igual que siguen existiendo una serie de obstáculos en cuanto al acceso a la atención de salud, los requerimientos relacionados al reconocimiento efectivo de sus identidades, así como también casos de negación de servicios y falta de infraestructura para la atención de las personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexo-genérica.
Específicamente, sigue habiendo países europeos que utilizan la esterilización forzada a personas transgénero como requerimiento obligatorio para el reconocimiento efectivo de su identidad y a personas intersexuales para la asignación de una genitalidad “normalizada”, más específicamente en países de Europa y Asia. Hablamos de claras violaciones al derecho a la autonomía personal, la integridad física y la posibilidad de que las personas transgénero e intersexuales sean capaces de definir su propia identidad de género, que, además, están en contra de los principios de Yogyakarta, se encuentran tipificadas como crímenes de guerra y lesa humanidad por el Estatuto de Roma y que igualmente son consideradas como una forma de tortura por la ONU.
En los hechos podemos ver que Europa no se trata de un bloque uniforme en cuanto a ideología o política, por lo cual podemos ver un desarrollo desigual en cuanto al marco normativo que rodea a la comunidad LGBT+ de los países fuera de la Unión Europea y aquellos que sí pertenecen a ella. Esto también es aplicable a los países que conforman la Unión Europea, donde podemos ver una clara diferenciación entre los discursos que se desarrollan al interior de los Estados. Sin embargo, actualmente el país que representa una mayor amenaza a los derechos de la comunidad LGBT+ dentro de la Unión Europea es Polonia. En este país, se mantienen amenazas en contra de las organizaciones de la diversidad sexo-genérica tras las prohibiciones a los desfiles y eventos de activismo, así como la proclamación de más de ochenta de sus municipalidades como libres de personas e ideologías pertenecientes a la diversidad sexo-genérica.
El problema está en que estas acciones están respaldadas por un discurso ultranacionalista, donde a los demás países de la Unión Europea se les construye como el Occidente y Polonia es construido como la Europa de Oriente que está tratando de mantener sus raíces y no ser corrompida por los valores de la Europa moderna. Igualmente, este mismo discurso político se ha extendido a otros países que forman parte de la Unión Europea, que no forman parte de Europa central y que además, no están completamente de acuerdo con las “imposiciones” de la Europa Occidental.
Actualmente se encuentran en una litigación que pone en duda qué tanto puede la Unión Europea interferir en la políticas nacionales que permiten la creación de estas municipalidades y si esto representa o no una erosión de la soberanía bajo lo que se considera como un gobernanza regional; aún así los resultados de esta decisión son cruciales para el futuro de la comunidad LGBT+ en Europa, podría marcar un precedente de progreso en la protección a los derechos o bien un retroceso que podría instigar a que otros países lo sigan.
Aunque, el caso de Polonia es una situación muy específica, podemos ver otros ejemplos de violencia y discriminación en contra de la población de la diversidad sexo-genérica en otros estados de la Unión Europea. Por ejemplo, en Francia se prohíbe el uso de lenguaje inclusivo en instituciones educativas, siendo que grupos conservadores aplaudieron la decisión del ministro francés de Educación, Jean-Michel Blanquer, por haber prohibido lo que ellos llamaban una aberración y degeneración de la lengua francesa.
Si queremos hablar de un panorama mucho más completo, en el informe de ILGA-Europa del 2020 se reconoce que si bien se ha existido un avance en ciertas materias relacionadas con protección de derechos y reconocimiento de las identidades pertenecientes a la comunidad LGBT+, se sigue registrando una gran cantidad de casos relacionados a violencia discriminación de esta población. Al igual que siguen existiendo una serie de obstáculos en cuanto al acceso a la atención de salud, la atención en contra del acoso en las instituciones educativas y en los lugares de trabajo, así como también casos de denegación de servicios a las personas pertenecientes a la comunidad LGBT+. Además, se ve una falta de intervención por parte de los gobiernos y cada vez se hacen más fuertes los discursos de odio que a menudo son apoyados por funcionarios públicos. Por lo cual, una vez más construyen un panorama de Europa que no coincide con su mensaje como un faro para la igualdad.
Reconozco que Europa y más específicamente la Unión Europea ha construido grandes bases para el respeto y protección de los derechos así como de las identidades de las personas pertenecientes a la diversidad sexo-genérica. Sin embargo, sigue existiendo todo un espectro de violencias y discriminaciones que siguen sin ser incluidas dentro de los marcos normativos regionales así como nacionales. Ahora bien, si se supone existe un procedimiento específico apegado a los criterios de Copenhague cuyo objetivo es el verificar que las leyes de los países candidatos se encuentran a la par de los estándares de la Unión Europea y que dentro de estos aspectos a considerar se incluye el respeto de los derechos humanos y la protección de las minorías ¿Dónde queda la congruencia entre el discurso y las acciones?
No podemos dejar pasar este tema, se trata de un problema vigente y de gran importancia, donde no solamente el reconocimiento de las identidades está en juego, sino que también el bienestar de un sector grande de la población, así como los lazos de cooperación entre comunidades debido a las demarcaciones ideológicas.
